En las estaciones de Tel Aviv, la gran ciudad liberal de la costa, miles de manifestantes pugnan, el lunes 13 de febrero por la mañana, por subirse a los atestados trenes que los llevarán a Jerusalén, para manifestarse frente al Parlamento. Denunciarán una reforma de la institución judicial llevada a cabo por la coalición de partidos conservadores, ultraderechistas y religiosos de Benyamin Netanyahu, en el poder desde diciembre de 2022.
“Cambio de régimen”, “golpe de Estado”: consignas lanzadas en los remos de los trenes ante las advertencias de los más altos funcionarios, reivindicaban las mismas palabras. Es una guerra cultural que se expresa a plena luz del día el lunes, una pregunta existencial que divide a Israel: ¿quién es el dueño del país?
Alrededor de las 10 a. m., los opositores se reúnen para orar bajo el Muro de los Lamentos, un remanente del Templo de Jerusalén, destruido en el primer siglo. Poco antes, en una sala abarrotada del Knesset, se ultimaban en desorden los dos primeros textos de esta reforma. Los parlamentarios de la oposición comienzan la sesión del Comité de Constitución, Ley y Justicia aplaudiendo en la mesa redonda y coreando: “No tengo otro país”.
Varios directores del presidente del comité, Simcha Rothman: » Lástima ! Qué vergüenza ! » Se acuestan en la alfombra, obligan a los guardias a sacarlos a rastras. Alrededor de las 10:30 horas, se votaron dos textos en comisión. Se debatirán en el plenario durante una primera lectura prevista para el miércoles.
varios billetes
El primero se refiere al nombramiento de los miembros de la Corte Suprema. Actualmente son elegidos por un grupo de jueces, diputados y abogados del colegio de abogados, bajo la supervisión del Ministro de Justicia. La reforma propone sacar a los abogados de este panel, donde ocuparían su lugar dos ciudadanos, además de un ministro, ofreciendo al Gobierno una mayoría de cinco votos sobre nueve.
Es un golpe a la independencia de los quince jueces de la Corte, sobrecargados de trabajo, que asumen simultáneamente el papel de consejo constitucional, tribunal de apelación administrativo, civil y penal, y que representan el único poder -institucional- por la mayoría electa. El segundo texto les priva de su facultad de invalidar la labor de los parlamentarios cuando modifican una de las leyes fundamentales del país, que sustituyen a la Constitución.
Esto es solo un comienzo. La coalición ha dividido su reforma en varios proyectos. Ella planea votarlos uno por uno, durante meses. Ninguno de sus 64 funcionarios electos ha expresado su desacuerdo hasta el momento, a pesar de que su reforma preocupa a una clara mayoría de israelíes, según las encuestas de opinión. El Abogado General ha prohibido al Sr. Netanyahu involucrarse en esta empresa: teme un conflicto de intereses. El equilibrio de poder que establece con la justicia puede trastornar su juicio por corrupción, abierto en 2021.
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