El nuevo gobierno insular de Mallorca levantará las alfombras en el IMAS, el ente que gestiona la tutela de los menores en situación familiar de desamparo. El presidente del Consell de Mallorca, el popular Llorenç Galmés, ha encargado la primera auditoría externa realizada en la institución para evitar que se produzcan nuevos casos de explotación sexual de niños tutelados, y mejorar los protocolos que han fallado durante los últimos años. «Nunca antes se había auditado», ha recalcado.
Al mismo tiempo, el IMAS, ahora gestionado por el PP, ha denunciado ante la Fiscalía tres posibles casos de abusos sexuales a menores tuteladas y ha asegurado que se está actuando con un «exceso de celo».
«Nosotros apostamos por la transparencia absoluta, tanto con las entidades dependientes como con los trabajadores y con la ciudadanía», ha anunciado Galmés, frente al «oscurantismo» del IMAS en la anterior legislatura, gestionado por el tripartito de izquierdas formado por PSOE balear que dirigía Francina Armengol, Podemos y los nacionalistas de Més.
Apenas tres meses después de llegar al gobierno del Consell de Mallorca con un pacto entre PP y Vox, Galmés ha anunciado esta auditoría, que era uno de sus compromisos electorales. Una investigación independiente que reclamó cuando estaba en la oposición y que fue bloqueada por el anterior equipo de gobierno insular.
El tripartito montó una comisión política que concluyó que no había responsables políticos y trasladó la culpa a la sociedad. Nadie dimitió por este asunto, al contrario contrario; Javier de Juan, el máximo responsable político del IMAS, fue ascendido a conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, y fue en las listas como número dos en las pasadas elecciones del 28M.
«Fuimos la vergüenza de Europa»
«Fuimos la vergüenza de Europa», ha recordado Galmés sobre este escándalo, destapado en 2020 cuando trascendió a la opinión pública que 16 niñas tuteladas por el IMAS, a cargo del socialista Javier de Juan a cargo, eran prostituidas ante la inacción de los responsables políticos.
Como informó ABC, una adolescente de 13 años tutelada por los servicios sociales pidió auxilio a su monitora por WhatsApp y denunció que había sido víctima de una violación grupal. Poco después, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas, sin que cesara el goteo.
La imagen de la institución quedó seriamente dañada tras la denuncia de monitores, familias que llevaban tiempo alertando de este problema. La propia Policía reconoció que faltaba una coordinación fluida con el IMAS y que se les ponía trabas a la hora de localizar a los niños que se fugaban de los centros porque no les facilitaban sus fotografías.
«Encubrimiento político»
Galmés ha lamentado que «tuviera que venir una comisión del Parlamento Europeo para saber lo que sucedía en nuestra Isla». La misión de eurodiputados se entrevistó con Armengol y otros responsables políticos, monitores de centros tutelados, madres de niñas tuteladas abusadas, policías y periodistas. En su informe, la misión de la UE detectó una serie de fallos y errores de protocolo e hizo varias recomendaciones, la mayoría de las cuales ya se están aplicando. Esta comitiva también advirtió del peligro de un posible «encubrimiento político».
«El anterior Consell optó por el silencio, no asumió responsabilidades y dejó a estos niños de la mano de Dios», ha criticado el nuevo responsable del Gobierno insular, que «se cansó de pedir una comisión de investigación» para depurar responsabilidades ante el «deber de proteger a estos menores» víctimas de explotación sexual.
El actual responsable del IMAS, Guillermo Sánchez, ha asegurado que la auditoría pretende «clarificar de manera objetiva y de manera externa que alguien nos diga cómo estamos trabajando en el IMAS». Será «un instrumento más al servicio del IMAS» en la mejora de la calidad de vida de los menores.
Sánchez ha explicado que su departamento «no se ha quedado parado» y durante estos primeros meses ha incrementado el número de las plazas residenciales para menores tutelados con 395, de las cuales 332 están gestionadas por entidades privadas. Además, se han cubierto plazas con bajas y vacantes, «que estaban desiertas» y se ha reservado una partida de 4,5 millones para garantizar la financiación.
El Consell busca un solar para hacer un nuevo centro de primera acogida y, al mismo tiempo, se está trabajando con planes para para profesionales sobre la sensibilización. «Esto es sólo un inicio, queremos que llegue esta lacra sea historia, aunque el riesgo cero no existe», ha concluido.
