En febrero, el presidente fue reelegido para un segundo periodo, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Su partido mantiene una mayoría legislativa amplia, sobre la cual construyó reformas que permitieron su postulación y facilitan la aprobación de normativa con pocos contrapesos.
Ampliación del sistema de excepción
A partir de marzo de 2022, se instauró un estado de emergencia que suprime derechos esenciales, abarcando el proceso debido y limitaciones a las libertades civiles. Inicialmente diseñado como una medida temporal ante el incremento de asesinatos relacionados con pandillas, el estado ha sido extendido más de 30 veces con el respaldo del poder legislativo.
Este método ha facilitado la realización de más de 85,000 arrestos arbitrarios, con grupos mixtos de seguridad operando a gran escala. El número incluye a menores arrestados por supuesta conexión con el crimen organizado, una situación que recibe críticas por exponerlos a procedimientos inadecuados y sanciones.
Documentación de violaciones y críticas a nivel global
Organizaciones de derechos humanos han catalogado estas prácticas como violaciones sistemáticas: detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, despidos forzados y graves debilidades en el proceso judicial hrw.org. Denuncias destacan que niños y adolescentes están siendo trasladados a cárceles convencionales para adultos, a pesar de estándares internacionales que prohíben tal práctica. Al menos 368 personas han muerto en esos recintos durante este periodo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, aunque el marco constitucional permite la suspensión de garantías en situaciones de emergencia, esta suspensión debe ser temporal y proporcional. En este escenario, se ha transformado en una acción abusiva e indefinida, generando graves repercusiones políticas y sociales.
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para dar soporte al régimen, se construyó el polémico CECOT, una instalación penitenciaria con capacidad para más de 40,000 reclusos, pero que opera en condiciones inhumanas: alto hacinamiento y régimen carcelario estricto. Esta mega-cárcel ha sido definida como un “agujero negro” de derechos humanos donde se priva de recreación y visitas, y se imponen castigos severos sin supervisión real.
Las cárceles en el país están desbordadas: el número de prisioneros ya ha sobrepasado los 94,000, mientras que la capacidad está entre 30,000 y 70,000 con la infraestructura recientemente añadida amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. En un sistema extremadamente sobrecargado, son comunes las redadas masivas, veredictos automáticos y condiciones adversas que ponen en peligro la seguridad de los internos.
Respaldo ciudadano y desafío democrático
A pesar del costo en libertades, el régimen mantiene altos índices de aprobación. El gobierno defiende la medida afirmando que prioriza la seguridad ciudadana, y gran parte de la población lo respalda tras la reducción drástica de homicidios .
Sin embargo, organismos internacionales y agentes jurídicos han advertido de que este modelo autoritario, validado por el poder legislativo consolidado por el Ejecutivo, representa una erosión de los frenos institucionales y el respeto al Estado de derecho .
Inquietudes sobre niños y deportados
Se ha suscitado una intensa polémica por el traslado de jóvenes a prisiones de adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo instalaciones que fueron creadas para situaciones específicas.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Evaluación final: ¿protección sacrificando los derechos?
Los logros en el área de la seguridad son evidentes: El Salvador ha tenido varios años con niveles históricamente bajos de homicidios y en 2024 concluyó con una tasa de 1.9 por cada 100,000 personas.
Sin embargo, la estrategia ha desplazado derechos fundamentales y debilitado radicalmente instituciones como Fiscalía y Corte Suprema, ahora plenamente subordinadas al Ejecutivo elpais.com.
El desafío es complejo: ¿es justificable poner en riesgo las garantías constitucionales, las libertades civiles y los derechos humanos en favor de una seguridad que se presume superior? El porvenir presenta obstáculos: la consolidación de este sistema y su continuidad más allá del estado de excepción.
