Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco dictaminó que el expresidente Trump puede mantener bajo su control a la Guardia Nacional de California, al menos de forma temporal, mientras avanza el litigio entablado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión permite que las 4 000 tropas desplegadas en Los Ángeles permanezcan bajo mando federal durante los procesos judiciales, anulando por ahora el fallo previo que ordenaba su retorno a las autoridades estatales.
La controversia se inició el 7 de junio, cuando el exmandatario puso bajo control del gobierno central a la Guardia Nacional y envió a 700 marines para aumentar la fuerza militar en Los Ángeles, brindando apoyo a las tareas de los agentes federales en manifestaciones vinculadas con acciones de inmigración. Este movimiento de tropas sin el consentimiento del estado representa la primera ocasión desde 1965 que se realiza un despliegue tan amplio sin el visto bueno del gobernador.
En una audiencia reciente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que el mandatario probablemente actuó dentro del marco de la ley federal, señalando que las manifestaciones de protesta habían derivado en actos violentos contra funcionarios y propiedades federales, así como agresiones con escombros y cócteles molotov . Aunque declaró que el presidente debía notificar al gobernador, confirmó que el fallo de un tribunal de primera instancia fue demasiado restrictivo, ya que no había autoridad para vetar la acción presidencial.
El fallo del juez de distrito Charles Breyer, emitido el 12 de junio, afirmaba que la federalización era ilegal, argumentando que no se habían cumplido los requisitos de la ley y que no existía una situación de “rebelión” como exige la legislación. La apelación, sin embargo, suspendió esa orden mientras el caso sigue avanzando.
El tribunal del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— destacó que la legislación brinda al presidente considerable libertad en temas vinculados a la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión con «amplia deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión del presidente esté totalmente excluida del escrutinio judicial.
Mientras la acción legal continúa, California tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el pleno del Noveno Circuito o incluso llevar el caso hasta la Suprema Corte. Además, podrían argumentar que el uso militar en apoyo de funciones de la ley federal —posible violación de la ley Posse Comitatus— requiere un análisis adicional en juicio.
En su respuesta, el gobernador Newsom expresó que «el presidente no ostenta el poder absoluto ni está exento de cumplir con las leyes». Además, enfatizó que California continuará defendiendo en la justicia la autonomía del estado y los derechos civiles. Por otro lado, el exmandatario Trump calificó la decisión como un «gran triunfo» para la seguridad nacional, justificando que la Guardia Nacional necesita ser desplegable si las autoridades locales no logran conservar el orden.
A nivel nacional, el caso ha abierto un debate profundo sobre el alcance de los poderes presidenciales en el uso de la Guardia Nacional, el federalismo y los límites del control judicial. Es la primera vez en seis décadas que se federaliza la Guardia sin el consentimiento de un gobernador, lo cual genera preocupación sobre precedentes peligrosos y el debilitamiento de los mecanismos de derecho y revisión institucional .
Actualmente, en Los Ángeles, la presencia militar permanece, aunque las manifestaciones han bajado y el alcalde eliminó el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y las militares, así como el efecto en la supervisión y el control social.
La fecha clave será la próxima audiencia ante el juez Breyer, prevista para este viernes. En ella se podría dictar una orden preliminar más amplia que defina de manera precisa el uso permitido de las tropas. El desenlace del caso tendrá implicaciones duraderas sobre la relación entre la autoridad federal y los estados, los poderes presidenciales y la función de las fuerzas militares en tareas civiles.
