El Congreso de Guatemala volvió a fracasar en su intento por elegir a los directores titulares y suplentes que conformarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano clave para promover la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país. Pese a que el punto estaba en la agenda legislativa y se esperaba avanzar en la designación de las autoridades, la sesión se disolvió sin llegar a ningún acuerdo.
Con esta nueva prórroga, se acumulan ya numerosos intentos fallidos por parte del Legislativo para satisfacer este requisito legal, lo cual ha generado inquietud entre grupos económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el procedimiento.
El Parlamento posee la responsabilidad de seleccionar a los cinco integrantes del directorio —tres principales y dos alternos— de un conjunto de candidatos previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación. Esta comisión realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. La lista final está compuesta por candidatos con experiencia técnica en economía, derecho y gestión pública.
Sin embargo, la falta de consensos entre las distintas bancadas ha impedido avanzar en la votación. Durante la más reciente sesión, algunos legisladores abandonaron el pleno antes de que se iniciara la discusión del tema, lo que provocó que no se alcanzara el quórum necesario para llevar a cabo la elección.
La fundación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma diseñada para fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos para acceder a algunos tratados comerciales. Este organismo tendrá como funciones principales investigar y penalizar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diversos participantes económicos.
No obstante, la falta de designación de su directorio ha impedido que la entidad pueda iniciar operaciones. Mientras tanto, se acumulan denuncias sobre posibles abusos de posición dominante en sectores estratégicos, lo que hace aún más urgente la entrada en funcionamiento de la Superintendencia.
Diversos participantes del sector privado y grupos civiles han expresado su preocupación por la paralización del proceso. Creen que este escenario no solo ralentiza el despliegue de un instrumento esencial para aumentar la competitividad, sino que además emite mensajes negativos a los inversores y deteriora la institucionalidad democrática.
Varios legisladores han expresado su interés en proseguir con las conversaciones para lograr consensos en la siguiente sesión plenaria. No obstante, diversos grupos señalan que hay intereses políticos que intentan poner trabas a la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles sugeridos o por cálculos estratégicos asociados a cuotas de poder.
La legislación indica que el Congreso tiene la obligación de seleccionar a los miembros del directorio a través de una mayoría calificada, lo cual requiere un consenso extenso entre las múltiples fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la falta de votos necesarios ha sido un factor común, a pesar de que la lista de candidatos ha estado accesible desde hace mucho tiempo.
A medida que se prolonga la demora, se incrementan las presiones tanto nacionales como internacionales para que el Legislativo cumpla con su deber constitucional y permita que la Superintendencia de Competencia comience a operar.
El país sigue sin contar con una entidad independiente que se encargue de garantizar un entorno económico equitativo, lo que deja desprotegidos a consumidores y pequeños negocios frente a posibles conductas abusivas por parte de grandes empresas. Esta realidad refleja las barreras estructurales del sistema político en Guatemala para hacer elecciones importantes, incluso sobre asuntos de interés común que podrían favorecer considerablemente el crecimiento económico.
El desafío actual para los legisladores es retomar el impulso legislativo y mostrar dedicación a la modernización institucional. Seleccionar el directorio no solo representaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.
