Acciona, en el centro de la trama de corrupción vinculada al PSOE según la UCO

https://s3.noticiastrabajo.huffingtonpost.es/cdn/posts/41146/santos-cerdan-232293-1200-675.jpg

El reporte producido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expuesto la supuesta participación de la empresa multinacional Acciona en una red de corrupción dirigida desde la dirección del Partido Socialista. De acuerdo con los investigadores, la compañía podría haber pagado cientos de miles de euros en comisiones ilegales para obtener contratos públicos de gran magnitud, en un esquema gestionado directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.

Superan los 600.000 euros en pagos no regulares

La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos relacionados con concesiones específicas a beneficio de Acciona. Según el informe, las sumas fueron gestionadas mediante intermediarios próximos a José Luis Ábalos y a su asesor de ese momento, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes identifican como el responsable de coordinar las cantidades, los destinatarios y las fechas de los pagos.

Asimismo, se está investigando un segundo lote de cerca de 450.000 euros relacionado con otros contratos otorgados más recientemente, lo que sugeriría la persistencia del esquema de corrupción incluso después de los primeros signos públicos de irregularidades.

Propuestas adaptadas a medida

Las asignaciones bajo escrutinio están relacionadas con contratos millonarios de obra pública —infraestructura para trenes, autopistas, sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en regiones gobernadas políticamente por el PSOE. De acuerdo con el estudio realizado por la UCO, las especificaciones técnicas de estos concursos se elaboraron de manera que coincidieran casi exclusivamente con la propuesta de Acciona, eliminando así cualquier competencia real.

El informe detalla cómo los contratos se preparaban para garantizar la concesión a la empresa, a cambio de pagos pactados de antemano. Se trataba, en palabras de los agentes, de una “estructura perfectamente articulada” en la que el poder político intervenía directamente para favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.

La función de Santos Cerdán

Uno de los elementos más destacados del reporte es cómo Santos Cerdán se ha destacado como pieza fundamental en la distribución y administración de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del sistema de pagos, sino que desempeñaba una función directiva en su implementación. Las conversaciones registradas muestran cómo se fraccionaban, discutían y repartían las sumas, de acuerdo al contrato concedido.

Esta función de supervisión establece a Cerdán como el enlace clave entre la autoridad institucional del PSOE y las compañías favorecidas por el esquema.

Respuestas y quietud institucional

Ante la solidez del informe, Acciona ha comunicado la puesta en marcha de una revisión interna, desmarcando a su equipo directivo actual de los sucesos examinados. No obstante, el perjuicio para su reputación ya ha ocurrido. La implicación de un antiguo directivo de la compañía en los documentos examinados por la UCO ha avivado nuevamente la discusión sobre la relación entre las grandes empresas y la esfera política.

Mientras tanto, el Gobierno no se pronuncia. Los líderes del PSOE se abstienen de comentar sobre un asunto que ya ha desembocado en la renuncia de funcionarios de alto rango y que podría socavar aún más la legitimidad del Ejecutivo.

El reporte de la UCO corrobora lo que antes eran solamente dudas dispersas: que una de las constructoras más grandes del país podría haber estado involucrada en un esquema corrupto para garantizarse contratos gubernamentales, planificado desde el centro del partido que rige en España. Si los hechos son confirmados en tribunales, sería uno de los escándalos de corrupción más serios en los últimos tiempos, tanto por la escala económica como por el alto nivel de los participantes.

Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.