A Pedro Sánchez le cuesta adoptar una sal sin perjudicar a Ximo Puig o García-Page.
La bomba política que ha estallado al Gobierno de Pedro Sánchez en año electoral con el guerra de agua por los recortes en las aportaciones al Levante en el trasvase Tajo-Segura tiene difícil solución sin que alguno de los dos principales barones socialistas salga perjucado en su territorio. El enfrentamiento está abierto entre el valenciano Ximo Puig y el manchego Emiliano García-Page, tirando cada uno de un extremo de la cuerda y situando al presidente en una posición delicada.
La salida politica es muy dificil. También en el Ejecutivo hay posiciones encontradas, con un sector que pide más flexibilidad y que se busque un acuerdo, que se evite un nuevo levantamiento en armas del campo contra el Gobierno y dé salidas en territorios clave para el PSOE, frente a «dogmas» ecológicos que achacan al Ministerio para la Transición Ecológica. En un intento de ponerse de perfil, Ferraz afirmó que esto no es un asunto de partido, pero reclama «flexibilidad» a todas las partes.
In this line apunta la reunion que el propio presidente ha convocado para el próximo viernes entre a la Ejecutiva socialista ya los 17 ministros del partido, una cita que responde a la necesidad de movilización de cara a las elecciones municipales y autonómicas, según explican en público , pero también a que Sánchez que «sabe que debe engrasar las relaciones entre Gobierno y partido» y limar asperezas como las que despierta el asunto del agua, afirman en privado.
Las encuestas señalan que el PSOE puede perder en mayo en estas dos comunidades, en un escenario de bloques, con impate tecnico con el PP y sin poder sumar a su izquierda. Cualquier decisión que perjudique a sus barones puede ser definitiva. El malestar en el socialismo valenciano es creciente contra un Gobierno que cree que le perjudica. Las últimas salidas abruptas de García-Page, ganador en esta batalla, contra las decisiones políticas de Pedro Sánchez y sus socios también exhiben la distancia.
Tanto si el Gobierno se mantiene firme en su propuesta, beneficiando a Castilla La Mancha, como si finalmente el Ministerio retrocediera y retrocediera en sus planes para el trasvase Tajo-Segura, dando oxígeno a Puig, el costo político se elevará. La crisis se precipita en diciembre, con municipales y autonómicas a finales de mayo.
Frenar el plan
La Generalitat Valenciana, como Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP, han presentado alegaciones al documento enviado al Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. La propuesta salió del Consejo Nacional del Agua celebró el pasado 29 de noviembre y fija restricciones al trasvase Tajo-Segura imponiendo un caudal ecológico, lo que implica reducciones en los puertos finales del volumen hídrico que llega al Levante español.
El gobierno de Puig, con un informe de sus servicios jurídicos, alega defectos de forma en la tramitación e impugna el acuerdo cerrado el pasado noviembre en el Consejo Nacional del Agua, pidiendo su nulidad. Aseguran que cambió en forma unilateral. El Ministerio de Transición Ecológica lo desmiente y sostiene que el documento final se siguió «con un amplio respaldo», entre otros el de Castilla-La Mancha. Desde el departamento de Teresa Ribera exhiben firmza en sus posiciones, insistiendo en que el texto no se va a modificar y que llegará “pronto” al Consejo de Ministros. El Consejo de Estado dictará la próxima semana, el 19 de enero.
Mientras, este miércoles los agricultores y regantes han dejado clara su profunda indignación en una multitudinaria protesta en Madrid, donde han llegado en autobuses des de Murcia, Almería y Alicante. Se trata de un nuevo chocque de la ministra Ribera con el campo español y, también de nuevo, el titular de Agricultura, Luis Planas, está en la mitad del incendio que separa al Gobierno de los agricultores.
Desde el departamento de Transición Ecológica aseguran que se están buscando alternativas y que han puesto sur la mesa un plan de inversiones de 8.000 millones de euros, con nueva infraestructura y alternativa de aguas superficiales o subterráneas, y con agua desalada y regenerada. La del Tajo es el único río de España que no tiene caudal ecológico, insisten, subrayando que es “una anomalía histórica” y apelando a las cinco sentencias del Supremo que lo imponen.
Ribera pide calma
La vicepresidenta Ribera insistió en que le resultó “muy difícil” encontrar una solución que responda a todos y responda a todas las solicitudes.Lamentó que la protesta de los agricultores “plantee dudas” sobre la necesidad de fijar un caudal ecológico en el río Tajo. Su Ministerio, defendió, actúa sobre «criterios técnicos» y «el mejor conocimiento científico» cumpliendo la jurisprudencia, las sentencias y la ley nacional y europea. «El mensaje me gustaria que fuera de tranquilidad”, reclamó en una intención más de renovar el conflicto político, prometiendo que habrá alternativas a los regantes de agua a precio asequible.
Por su parte, la consejería valenciana de Agricultura, isaura navarraque participó en las protestas de los agricultores, exigió un mensaje de texto de consenso que acomode un equilibrio entre todos los interesados y fije un caudal ecológico acorde a la realidad del río y el impacto socioeconómico, que se va elevando paulatinamente. «El recorte no tiene sentido», consulte. «Somos la nevera de Europa y de España», grabó, para exigir que te protejas en la agricultura.
Mientras, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, se mostró dispuesto a acuerdo para el reparto de recursos hídricos, pero sin renunciar a fijar un caudal ecológico para el Tajo. «Page no quiere guerra del agua», sentenció el portavoz de su Gobierno, Blanca Fernándezque defendió la necesidad de subsanar «una anomalía” en un “travase franquista” que se hizo hace 44 ans “con una mentalidad centralista”. “Se está trasvasando de la España seca a la España más seca aún”, aconsejó.
en sequia completa
Las comunidades del PP aliadas en esta guerra con el barón socialista Ximo Puig insisten en denunciar que la decisión es “arbitraria” y “política” y exigen que se dé marcha atrás. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, lamentó que violara unos españoles contra otros y lamentó que el Gobierno «no atienda a razones».
Desde Andalucía, la Consejería de Agricultura, carmen crespo, confió en que rectifica una corte basada en una decisión «injusta a sabiendas». La propuesta de restricciones en el trasvase es de 8,6 hectómetros cúbicos por segundo, la Comunidad Valenciana aceptó siete y Andalucía asegura que con seis es suficiente. La modificación, alertan, podría suponer la pérdida de 105 hectómetros cúbicos para el Levante español. Calcula 25.000 hectáreas de frutas y hortalizas adjudicadas y un gasto de 15.000 empleos. «Llegaremos hasta donde tengamos que llegar», advirtión los afectados.
