Tras apoderarse de años de diligencias, la justicia dictó sentencia de sobreseimiento definitivo, el jueves 5 de enero, en el expediente de clordecona. Durante una década en Guadalupe y utilizado en Martinica contra el gorgojo del banano, este pesticida organoclorado ha envenenado el medio ambiente y se sospecha que causa muchas enfermedades entre la población.
Los dos jueces de instrucción parisinos a cargo del procedimiento siguieron así la acusación de la oficina del fiscal de París, entregada a fines de noviembre. Esta destitución de alto valor simbólico era temida por funcionarios electos y habitantes de Martinica y Guadalupe, que denuncian un riesgo de » aborto involuntario de la justicia » y debe apelar esta decisión.
Según elementos de la orden de sobreseimiento de los que tuvo conocimiento la Agence France-Presse (AFP), los dos jueces de instrucción reconocieron a un “escándalo sanitario”en forma de’“un daño ambiental cuyas consecuencias humanas, económicas y sociales afectan y afectarán la vida cotidiana de los habitantes por muchos años” de Martinica y Guadalupe.
La Confederación Campesina denuncia «una vergüenza»
Según ellos, la investigación estableció “el comportamiento asocial de ciertos actores económicos de la industria bananera transmitido y amplificado por la imprudencia, negligencia, ignorancia de las autoridades públicas, administradores y políticos que autorizaron el uso de la clordecona en un momento en que la productividad económica primaba sobre las preocupaciones sanitarias y ecológicas”. No obstante, pronunciaron un despido, evocando la dificultad de “denunciar la prueba penal de los hechos denunciados”, «cometidos diez, quince o treinta años antes de la presentación de las denuncias»el primero se hizo en 2006.
Los magistrados también señalan “el estado de los conocimientos técnicos o científicos” cuando se cometieron los hechos: «el manojo de argumentos científicos» a principios de la década de 1990 «no permite decir que la relación de causalidad determinada exige la ley penal» entre la sustancia en cuestión y el impacto en la salud «fue establecido». Avanzando también diversos obstáculos relacionados con la ley, su interpretación y su evolución desde la época del uso de la clordecona, los magistrados, al tiempo que decían sus «preocuparse» conseguir un «verdad judicial»llegó a la conclusión de que era imposible “caracterizar un delito penal”.
En palabras encubiertas, la orden también ataca a la mayoría de las partes civiles, «largo silencio» en esta investigación y de los cuales “no se ha despertado el interés por la educación” que hace dos años. Los dos jueces invitan abiertamente a las víctimas de la clordecona a aprovechar “causalidad ahora establecida” entre el plaguicida y el daño sufrido por la población para captar «otros cuerpos».
Este no-lugar es un » verguenza «reaccionó la Confédération paysanne. “Es un escándalo anunciado, así que no es una gran sorpresa. Lo que sabemos es que todos los abogados pretenden continuar con el proceso, es decir impugnar esta decisión”aseguró Philippe Pierre-Charles, miembro del colectivo Lyannaj pou Depolyé Matinik.
Para Maître Louis Boutrin, abogado de la asociación Pour Une Économie Urbaine, parte civil desde 2007, esta decisión es “una denegación de justicia”.
Más del 90% de la población adulta de las dos islas contaminadas
En las plantaciones de banano para luchar contra el gorgojo, la clordecona estuvo autorizada en Martinica y Guadalupe hasta 1993, bajo disposición, cuando el resto del territorio francés había prohibido su uso. Causó una contaminación significativa y duradera de las dos islas y se sospecha que provocó una ola de cánceres.
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Solo fue expulsado de las Indias Occidentales quince años después de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Según Public Health France, más del 90% de la población adulta de las dos islas está contaminada por este pesticida. Las Indias Occidentales tienen el triste récord mundial de cáncer de próstata. Desde el 22 de diciembre se reconoce como enfermedad profesional, allanando el camino para la indemnización de los trabajadores agrícolas.
En 2006, varias asociaciones de Martinica y Guadalupe habían presentado una denuncia por intoxicación, poner en peligro la vida de otras personas y administración de sustancias nocivas. La información judicial se había abierto en el tribunal judicial de París en 2008. En sus solicitudes de destitución, la fiscalía de París le había revelado que los hechos estaban prescritos, en particular con respecto al envenenamiento, o no caracterizados, en relación con la administración de sustancias nocivas, que impide cualquier acusación.
Desde el anuncio de las solicitudes de despido, las manifestaciones y reuniones se han multiplicado en Martinica. El 6 de diciembre, el presidente del consejo ejecutivo de la comunidad territorial de Martinica, Serge Letchimy, arrestó a Emmanuel Macron ante el riesgo de » aborto involuntario de la justicia «. el jefe de estado es “los primeros en haber reconocido la responsabilidad del Estado en la contaminación por clordecona en 2018”Lo defendió el mismo día el Ministro Delegado para Ultramar, Jean-François Carenco.
